Sevilla, el ingeniero de las ‘cloacas negras’

Quien fuera Secretario de Obras Públicas de Malova acusó públicamente a López Montiel de imponer contratos, sin embargo, él firmó los pactos del sexenio, entre ellos los que beneficiaron a seis empresarios vinculados con el ex Gobernador y su equipo con mil 69 millones 933 mil 805 pesos. Lo que es igual al 10 por ciento del gasto total en obra pública durante su periodo en la Secretaría.

Gabriela Soto

Lo sentaron en el banquillo de los acusados.

Los legisladores, quienes asumieron el rol de jueces, imputaron a José Luis Sevilla Suárez Peredo, el solapar la corrupción en la contratación de empresas amigas.

Él, en su defensa, señaló a José Luis López Montiel, ex coordinador General de la Unidad de Inversiones del Gobierno del Estado, como el autor de “tirar el dinero como confeti”.

“La Unidad de Inversiones no creo que sea una entidad mala, lo que no es bueno es que quiera controlar todas las secretarías. O por lo menos, en este caso la de Obras Públicas…”, culpó.

“Para nosotros todo el sexenio ha sido muy difícil el poder llevar una armonía con esta Unidad de Inversiones, en el sentido de que ellos tienen sus tiempos, ellos tienen sus movimientos, ellos tienen su idea de lo que se debe de hacer…”

Y acusó al mochitense de poseer poder “plenipotenciario” de decidir qué obras se ejecutaban.

“Yo nunca supe que íbamos hacer un CUM (Centro de Usos Múltiples) hasta que se lanzó el crédito. Yo nunca supe que íbamos hacer muchas obras de las que se hicieron hasta que salió crédito, o hasta que me las mencionaron. Simplemente me llegaban con el papel y (decían) se firmó este convenio y vienen estas obras…”, reveló.

“Una Unidad de Inversiones se debe dedicar a eso: a bajar recursos, pero siempre y cuando éstos estén planeados. Bajarlos, así por bajarlos, no es cosa correcta”.

Después de 2 horas y 45 minutos en la comparecencia del 21 de diciembre de 2016, el ex Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas convenció a los legisladores de que él no era el funcionario al que persiguen. Algunos cesaron los cuestionamientos porque creyeron que tenían a la persona incorrecta. Los diputados lo dejaron ir por la puerta del Congreso del Estado.

Esa fue la última que lo vieron.

El ingeniero cómplice

Antes de irse, Sevilla Suárez Peredo confesó ante los diputados que contrataba empresas porque le llamaban por teléfono o tenían la recomendación de algún padrino político: diputados y senadores de la República.

Lo que ocultó fue que él sabía que la extinta SDUOP simuló concursos de contratación y extendió contratos y obras para favorecer a los amigos de Malova.

Entre los beneficiarios están los “cuates” del Grupo Mochis: el propio José Luis López Montiel, ex coordinador general de la Unidad de Inversiones en el sexenio, y su hermano Hugo; Rubén Benjamín Félix Hays; Guillermo Moreno Torres, amigo de Luis Mario Carlón, hijo del Gobernador; Manuel Francisco Pérez Muñoz, conocido como el “Pelón”; Martín Guadalupe López Mendívil y Miguel Ángel Gutiérrez Bazúa.

La lista también incluye al constructor Sergio Alonzo Castro Acosta. Y quien opera desde la Ciudad de México, Gerard Hipólito Rivero, cuñado del ex Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

Esquemas irregulares de reparto de obra

Se usaron tres esquemas para repartir el dinero de la obra pública de manera irregular: las constructoras simularon competir entre ellas en los concursos de invitación a terceros para quedarse con los contratos de obra.

También se autorizaron la modificación de los contratos por encima del 25 por ciento del costo y el periodo de ejecución de la obra, lo que contradice al artículo 38 de la anterior Ley de Obra Pública del Estado que estuvo vigente en el periodo de Malova.

Y, además, se edificaron obras que son elefantes blancos, es decir, que no operan o están subutilizadas.

-¿Las licitaciones cómo van a ser?, le preguntó Noroeste a Sevilla después de rendir protesta al frente de la antes SDUOP en enero de 2011.

Transparentes… Vamos a buscar que cuando sea obra de invitación, en la cual uno invita, tiene la facultad de invitar gente a la que se pudiera decir, a la que uno disponga, yo quiero que, si eso abre en Los Mochis, (por concurso) de invitación, concursen los (constructores) de Los Mochis; si eso abre en Guasave (que) concursen en Guasave; si eso abre en Mazatlán, concursen los de Mazatlán. Cuando la licitación te obligan a abrirla porque es estatal o nacional, ahí, que concurse todo el mundo, y el que gana va a ganar; ahí no va a haber, que tú sí, tú no.

Las palabras de Sevilla Suárez Peredo se diluyeron en el viento, mientras que las irregularidades quedaron registradas en los contratos y convenios que firmó y que beneficiaron a los seis amigos de Malova con mil 69 millones 933 mil 805 pesos. Lo que es igual al 10 por ciento del gasto total en obra pública durante su periodo en la Secretaría.

La cloaca

En el sexenio, Malova gastó 10 mil 98 millones 22 mil 246 pesos en la construcción de caminos, carreteras, hospitales, bibliotecas, museos interactivos, academias y estadios de béisbol… obras que resultaron más costosas de lo inicialmente presupuestado; concluidas después del tiempo acordado; criticadas por su baja calidad; que no operan o están inconclusas.

La tercera parte del gasto total están fuera del esquema de contratación exigido por la anterior ley de obras, de acuerdo con la base de datos elaborada por Noroeste.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inhabilitó a Sevilla Suárez Peredo para ejercer la función pública por 3 años porque suscribió dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto del nuevo Ayuntamiento de Navolato que, para la primera y segunda etapa, contrató a Proyectos y Construcciones GFI, propiedad de Rubén Félix Hays; así como la construcción de cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo.

“Asimismo, suscribió el contrato de obra pública para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, región centro, sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos”, dijo Rogelio Arturo Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

El Centro de Justicia Penal fue construido por Sergio Alonzo Castro Acosta por 144 millones 400 mil pesos, según el contrato CONT-SDUOP-ADJ-CONST-021-2016.

Pero la STRC también sancionó a los dos ex funcionarios que participaron en los procesos de contratación y en la firma de los contratos: Carlos Ramón López Castro, entonces director de Contratos, y Dionisio Sánchez Félix, quien fue director de Control Administrativo.

La mitad de los contratos modificados rebasaron el 25 por ciento del costo y el periodo de construcción establecido en el artículo 38 de la anterior Ley de Obras Públicas del Estado vigente en el periodo de Malova.

De los 322 convenios de modificación suscritos en el sexenio, 168 rebasaron el límite legal de fecha. Es decir, el 52 por ciento.

Y, del total de obras, 262 edificaciones costaron 703 millones de pesos más de lo pactado inicialmente y 41 sobrepasaron el porcentaje marcado por la anterior normativa, lo cual representó un gasto fuera de lo permitido de 193 millones 155 mil 988 pesos.

“La contratante, dentro del programa de inversión aprobado, bajo su responsabilidad y por causas supervinientes que así lo justifiquen, podrá celebrar convenios para modificar el monto o plazo fijados en el contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, siempre y cuando, no se rebase el 25 por ciento del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones substanciales en el proyecto original”, establecía el primer párrafo del artículo 38 de la Ley de Obra.

Sevilla Suárez Peredo, hijo de Jaime Sevilla Poyastro, Secretario de Obras Públicas en la administración del ex Gobernador Antonio Toledo Corro y dueño de las empresas Tabikreto, Enerkreto, Bardareto y Superblock, está molesto ahora que dejó la Secretaría porque cree que hay una persecución en su contra.

“No quiero hablar nada del sexenio anterior hasta que no pase todo lo que está sucediendo a través de las diferentes instancias que existen para calificarnos.
“Yo no le puedo responder nada, entonces, no puedo hablar nada sobre eso”, dijo el 26 de octubre cuando se le buscó.

Negó la entrevista solicitada por Noroeste porque acusó de que “distorsionan sus palabras”

Por teléfono, en tono molesto, rechazó que las obras que ejecutó tengan vicios.

Sevilla Suárez Peredo es el ingeniero que construyó la cloaca de aguas negras en la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

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