Las consecuencias de contratar sin licitar

¿Qué es lo que ha pasado en otros estados por contratar a Seguritech sin licitación?, ¿qué han dicho las auditorías?, ¿qué han dicho políticos sobre la empresa?

Seguritech Privada S.A. de C.V. se ha consolidado en México, pese a presentar irregularidades y tener un modo de operación y contratación que difiere con lo que la Auditoría Superior de la Federación y auditorías locales han establecido en reportes.

Caso Guanajuato

El gobierno de Miguel Márquez Márquez apostó por un proyecto de combate a la violencia llamado “Proyecto Escudo”, que se pensó para reducir el índice de delitos, aunque la estrategia resultó contraria.

La Auditoría Superior de Guanajuato ha señalado que desde un inicio el proyecto no era lo que se esperaba.

Miguel Márquez Márquez (la persona al centro de la fotografía) en la presentación del C5i en Guanajuato.

Foto: Gobierno de Guanajuato

Lo primero en cuestionar fue el modo de adquisición: contrataron a la empresa Seguritech bajo un modelo de arrendamiento con opción a compra con pagos multianuales de partidas de las finanzas estatales, sin que se solicitara autorización del Congreso de ese Estado.

“No se ha acreditado que la contratación en 2012 de la prestación de servicios de diseño, funcionamiento y mantenimiento de un sistema integral de enlace y monitoreo en materia de seguridad pública para el Estado de Guanajuato haya sido aprobado por el Congreso del Estado”, indicó la auditoría. Por esa observación se promovió una sanción administrativa.

La auditoría también señaló el costo del contrato, así como la forma de asignación y la garantía de cumplimiento que estableció la misma empresa.

Guanajuato es el único estado que ha promovido sanciones administrativas y penales por irregularidades en la contratación y operación de la empresa Seguritech.

Caso Guerrero

La empresa se comprometió con la instalación de botones de pánico, alarmas vecinales y videocámaras en el municipio de Acapulco de Juárez, pero no cumplió.

De acuerdo con Antonio Sebastián Ortuño, ex Contralor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, en una auditoría local se encontró que dicha empresa hizo instalaciones indebidas, por ejemplo, puso videocámaras en postes de luz y en postes de empresas privadas de telefonía y cable.

“Nosotros lo que vimos es que no se cumplió con el contrato. Ellos dijeron que iban a colocar botones de pánico, alarmas y cámaras, pero nada de eso se puso completo”, aseguró.

El ex Contralor promocionó una sanción en contra de la empresa por un monto de un millón 750 mil pesos por incumplimiento de contrato, la cual no trascendió de los despachos del Ayuntamiento.

– ¿Qué pasó con esa denuncia?

Yo la pasé al jurídico del Ayuntamiento y ahí se quedó.

Caso Oaxaca

La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2008 que el Gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz contrató a la empresa Seguritech para los servicios de equipo de vigilancia por un monto de 5 millones 900 mil pesos.

Sin embargo, la compra fue de forma irregular: a través de una adjudicación directa con la razón de ser una situación de urgencia en seguridad y sin dejar evidencia de la firma de un contrato.

“La entidad ejerció recursos por 5,900.00 miles de pesos, para las acciones “Cámaras”, “Infraestructura”, “Servidores y Estación de Monitoreo” del proyecto “Videovigilancia”; el contrato se adjudicó de manera directa al proveedor Seguritech Privada, S.A. de C.V.; sin embargo, no contó con el expediente de la adjudicación directa por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado”, detectó la Auditoría Superior de la Federación.

Por el incumplimiento, la ASF promovió una investigación, la cual se respondió hasta 2014.

Para esa fecha Ulises Ruiz ya había dejado la administración estatal y en su lugar quedó Gabino Cué Monteagudo.

El Gobierno de Oaxaca respondió que después de tanto tiempo era difícil realizar una investigación, por lo que solicitaba sobreseer el caso, situación que la Auditoría Superior de la Federación aceptó.

En la fotografía: Ulises Ruiz (la segunda persona de izquierda a derecha), quien fue Gobernador de Oaxaca de 2004 a 2010.

Foto: Gobierno de Oaxaca

Caso Sinaloa

El Gobierno de Mario López Valdez contrató la firma Comunicación Segura S.A. de C.V., filial de Seguritech Privada S.A. de C.V., para arrendar un complejo de seguridad C4, vehículos blindados, vehículos de videovigilancia, arcos carreteros y videocámaras para instalar en Culiacán y Mazatlán.

Fue una contratación a través de adjudicación directa, con el argumento de tener la urgencia en contratar a una empresa especializada en temas de tecnología.

La empresa incluyó la construcción de un edificio donde albergaría el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia que se conoce también como C4i.

El costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos que se debió terminar de pagar el 31 de diciembre del 2016.

C4 Sinaloa

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, el Gobierno de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos con la empresa.

Además, se encontró que el equipo que se arrendó no recibió mantenimiento como se estipuló en el contrato y que no se cuenta con las bitácoras.

“De parte de Gobierno del Estado quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2016 los 327 millones de pesos, es lo que quedaron pendientes y derivado de la evaluación que ha hecho la SSP está en negociaciones para que se reciban en satisfacción estos bienes y en su caso si considera que algo no se cumplió hacer el finiquito correspondiente”, indicó Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.

A la fecha el Gobierno de Sinaloa sostiene una negociación con la empresa para reducir la deuda por distintas irregularidades que fueron reservadas para evitar situaciones legales.

 

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