Sinaloa: una renta apurada e inconclusa

Para el 3 de junio de 2011, la violencia era el tema top del momento en Sinaloa. Era el segundo año más violento en la historia de Sinaloa y, para esa fecha, ya sumaban 835 asesinatos de los mil 906 que hubo ese año.

Ese año llegó Mario López Valdez como Gobernador y designó a Francisco Córdova Celaya, un político sonorense que llegó a Sinaloa para apoyar a Malova en su campaña por solicitud del panista Guillermo Padrés. Su experiencia en seguridad pública era nula, lo más cercano fue haber estudiado Ciencias Políticas en la Navy, en Estados Unidos, el equivalente de la Marina en ese país.

Él cuenta que se le dio el cargo por sus cualidades, entre ellas la de ser una persona ajena a lo que pasaba en Sinaloa: una confrontación entre tres grupos criminales.

“Ponles los nombres tú, los mazatlecos son parte de los Beltrán Leyva. Los Carrillo en Navolato, entonces él buscaba alguien totalmente ajeno a eso, él buscaba alguien que conociera el tema, yo lo conocí por los 12 años de militar”, dice.

“Ponle que no conozcas las tripas de Culiacán, pero sí conoces cómo tratar a la gente, cómo motivar a un policía para que haga su trabajo que es lo más complicado”.

Para ese entonces el tema ya era conocido dentro y fuera de Sinaloa, lo que provocó que decenas de proveedores de servicios de inteligencia de seguridad llegaran al Palacio de Gobierno a ofrecer sus productos.

“Llegaban 20 empresas al mes ofreciendo equipamiento, helicópteros, carros blindados, armamento de todo tipo, uniformes, chalecos, eran muchas empresas muy interesadas porque habíamos dado a conocer que se iba a armar bien la policía y que andábamos buscando proveedores, se corrió la voz, es un sector chico, se corrió la voz y comenzaron a llegar”, asegura.

 

En ese desfile de firmas también pasó el grupo empresarial Seguritech, empresa mexicana dirigida por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, que en ese entonces se dedicaba a la instalación de botones de pánico y cámaras de videovigilancia a través de distintas empresas, entre ellas Comunicación Segura.

Él cuenta que se le dio el cargo por sus cualidades, entre ellas la de ser una persona ajena a lo que pasaba en Sinaloa: una confrontación entre tres grupos criminales.

El Gobierno de Sinaloa decidió esperar un tiempo para hacer compras relacionadas a la seguridad. No había en ese entonces un proyecto específico para evitar los golpes de la delincuencia, salvo confrontaciones mediáticas encabezadas por el propio Gobernador o por Marco Antonio Higuera Gómez, quien era Procurador General de Justicia.

Además, Córdova Celaya afirma que los recursos para el tema de seguridad eran limitados y no se podía depender de ellos para hacer “inversiones necesarias”

“No había el efectivo para poder pagar la cantidad de equipo que necesitábamos. No me acuerdo, pero necesitábamos, por decir, 700 millones de pesos de equipo, porque no teníamos nada”, indica.

“No teníamos armas, no teníamos helicópteros, no teníamos cámaras, no teníamos vehículos blindados, no teníamos nada de nada, ni gasolina. Entonces, sacamos un inventario a detalle y nos dimos cuenta de que, para poder armar bien a la policía, se iban a requerir 700, 800 millones de pesos”.

Pero la administración aguantó, asegura, hasta que el 3 de junio de 2011 arrojaron una cabeza y unas manos a las afueras del edificio de Palacio de Gobierno.

Ese día decidieron replantear la seguridad de Sinaloa y comenzaron a analizar los perfiles de las empresas, el dinero con el que se contaba y los fondos federales a los que se podía acceder. Nada los convencía, dice Córdova Celaya, hasta que conocieron a la empresa Seguritech.

La primera negociación que se hizo fue la de seguridad interna del edificio administrativo. Se decidió adquirir cámaras, arcos de seguridad, servicio de rayos x para vehículos y objetos, detectores de metal y temperatura, alarmas y un sistema de control de acceso peatonal que también se instaló en el Hangar de Gobierno que estuvo en el Aeropuerto.

 

“Si tú regresas al 2011 y ves por agosto, septiembre, amanecemos con cabezas cercenadas en los escalones de Palacio de Gobierno y nos dimos cuenta de que estábamos vulnerables, si podían llegar a dejar una cabeza en los escalones de Palacio de Gobierno, traíamos serios problemas de seguridad en Palacio de Gobierno, eso para mí era una prioridad. Por eso se firmó ese contrato tan rápido, en diciembre, era urgente”, dice.

La empresa ofreció los servicios en forma de renta con pagos multianuales y con una opción a compra por un monto al final de que se finiquitara el servicio por un costo del 18 por ciento del total del arrendamiento, sólo bajo ese esquema, y Gobierno del Estado aceptó.

Ese contrato, del cual Noroeste tiene una copia, fue por 69 millones 515 mil 456.88 pesos que se dividieron en cinco pagos diferentes.

Para pagarlo la empresa pidió una garantía, y la Secretaría de Finanzas, cuyo titular fue Armando Villarreal Ibarra, quien hoy fue inhabilitado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para ocupar un cargo público en 7 años, decidió “sacrificar” parte de las finanzas del Estado.

Apenas pasó un mes de la adquisición y Córdova Celaya pensó que era necesario ir más allá de la seguridad interna del edificio administrativo, por lo que volvió a recurrir a la misma empresa, esta vez para adquirir equipo más sofisticado.

 

– ¿Qué fue lo atractivo de la empresa?

Que te podían entregar, según yo, el equipo que necesitábamos en ese momento, los Tiger y los helicópteros que era lo más importante para mí en ese momento, lo podían entregar casi inmediatamente.

El 17 de enero de 2012 se firmó un segundo y un tercer contrato, se hicieron por adjudicación directa, aunque estos, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, debían ser por concurso entre distintas empresas para analizar calidad, precio, experiencia y eficacia de los productos.

Para evitar ese proceso, la Secretaría de Administración y Finanzas recurrió a la misma Ley, en el artículo 51, en el que se establece que podrá omitirse tal proceso si la “contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

Artículo 51

La Secretaría y entidades, previa autorización del Comité Intersecretarial o del Comité de Adquisiciones, según corresponde, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se adjudicarán directamente, de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo, cuando:

No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte.

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados.

IV. Su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública.

 

En el segundo contrato, Gobierno del Estado decidió rentar por un monto de 923 millones 800 mil 010 pesos, que se pagarían en un plazo de 5 años, un equipo de video vigilancia estatal, que constó de 300 cámaras repartidas entre Culiacán y Mazatlán, así como arcos carreteros con cámaras de videovigilancia y el sistema técnico y tecnológico para controlar el equipo.

Además, se incluyó la construcción de un edificio que según el proyecto que presentó Seguritech a Gobierno del Estado se llamaría “Ciudad Segura”.

Ese edificio es el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia que se conoce también como C4i.

Ese edificio está sobre un terreno que es del Gobierno de Sinaloa, pero que lo proporcionó para que se construyera el complejo con el fin de comprarlo por un monto cercano a los 170 millones de pesos al finalizar el contrato de arrendamiento, es decir, el 31 de diciembre de 2016.

Hoy, después de un año de que se concluyó el contrato, Gobierno del Estado tiene un proceso de negociación porque aseguran que no les interesa tener un edificio que no es funcional. Sin embargo, de rechazar la compra, Sinaloa se quedaría sin un complejo de seguridad.

El tercer y último contrato que se firmó fue para adquirir seis vehículos blindados, dos camiones de video vigilancia llamados C2, y dos helicópteros, por un monto de 313 millones 902 mil 679 pesos divididos en cinco pagos.

Estos dos últimos contratos tenían como vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, y después de que se liquidaran el Estado podía acceder a la cláusula de compra por un monto del 18 por ciento del valor total del arrendamiento, de lo contrario el equipo debió entregarse a la empresa.

“Quiero aclarar, hubo ciertas cosas que se rechazaron. Se rechazó un avión tripulado para vigilancia por el costo, se nos hacía demasiado el costo, andaba en 7, 8, 10 millones de dólares, entonces se nos hizo que podíamos esperar esa compra a futuro”, asegura Córdova Celaya.

“Hubo muchas cosas que se rechazaron, no creas que agarramos el contrato y ya, se rechazó un 30, 40 por ciento de lo que se había propuesto por ellos. Entonces, no fue un cheque en blanco a nadie y viendo el presupuesto que teníamos”.

Un equipo caro y que no sirvió

Los contratos con la empresa Comunicación Segura, que pertenece a grupo Seguritech, incluyeron vehículos blindados, helicópteros, cámaras, arcos de seguridad y un edificio, ¿pero realmente sirvió toda esa tecnología? La respuesta es que no.

– ¿Qué pasó con toda esa inteligencia que debió crearse con los equipos?, se le preguntó a Cristóbal Castañeda Camarillo, militar asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional a las labores de subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa.

Nosotros no tenemos nada, no se nos dejó nada. Todo lo que se grabó no lo tenemos.

La inteligencia en seguridad que se intentó registrar se perdió, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, porque de las cámaras que se rentaron sólo servían el 17 por ciento, que significan un poco menos de 50 videocámaras en todo el Estado.

En el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) se podían ver las pantallas donde se proyectaban las imágenes de las cámaras en blanco y negro o con estática.

El reporte de entrega recepción de la Secretaría de Seguridad Pública indica que no hay una bitácora de mantenimiento de las cámaras de vigilancia.

Sin embargo, en el contrato de arrendamiento, la empresa Seguritech dejó establecido que el equipo sería reparado cuantas veces fuera necesario, pero que para ello el Gobierno de Sinaloa debía cuidar un manual de mantenimiento y llamar a la firma para hacer válida la garantía.

Ese manual es inexistente.

De hecho, en 2016, cuando Mario López Valdez aún era Gobernador, se prefirió contratar a otra empresa para reparar las cámaras, pese a que se tenía una póliza de garantía vigente.

La empresa fue Índex Datacom, y se hizo cargo del mantenimiento de cámaras de videovigilancia en Culiacán por un monto de 5 millones 786 mil 659.66 pesos, a través de dos contratos: uno en abril y otro en diciembre, de acuerdo con el sistema de compras del Gobierno del Estado.

“Se recibieron en ciertas condiciones precarias”, asegura Castañeda Camarillo.

“El equipo de vigilancia teníamos 17 por ciento operacional, cuando recibimos era eso operacional y únicamente eran 172 cámaras en Culiacán”.

 

Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Foto: Noroeste

Las cámaras no era el único equipo en malas condiciones.

La Secretaría de seguridad Pública detectó que desde 2014 se dejó de hacer mantenimiento a los vehículos blindados y a los camiones de video vigilancia C2.

Esos vehículos quedaron a disposición de la SSP, pues conforme al contrato que se firmó estos pueden ser adquiridos por el Gobierno de Sinaloa por un monto no menor al 18 por ciento de su valor total en arrendamiento.

“En cuestión de los vehículos, en la parte contractual dice que terminando la administración se tenía que renovar el contrato, se hace un análisis de los vehículos y se ve que las condiciones mecánicas no eran las correctas y por eso no se reciben esos vehículos. Las aeronaves estaban en una situación similar”, indica el subsecretario de Seguridad Pública.

Además, en una revisión del contrato se encontró que el edificio en donde se alberga el complejo de seguridad también es propiedad de la empresa, la cual pide que se haga la compra por Gobierno del Estado por un monto que supera los 300 millones de pesos.

“Obviamente las instalaciones que albergan la Secretaría de Seguridad Pública teníamos que recibirlas, pero aun así está la parte contractual de que hoy por hoy está el trámite administrativo para ver de este lado”, señala.

“Se nos hace excesivo 300 millones por un edificio que es de tablarroca, que no es de material, es muy alto”

-¿Es tablarroca?

“Es tablarroca, por esa cuestión se están haciendo las gestiones para que se haga valer el derecho del Estado, que estamos hablando del derecho de los sinaloenses, que en el final del camino fueron los que pagaron por todo”.

 

La Secretaría de Seguridad Pública determinó que no es viable quedarse con el edificio, pero de no hacerlo la consecuencia sería quedarse sin un complejo y trasladar todo el material que ya es de Gobierno del Estado a otro lugar.

“La instalación como tal no estaba adecuada en cuanto a las condiciones de mantenimiento contractuales que maneja el contrato, esa información está en Administración y Finanzas que está en negociación para que no se finiquite eso y ahora sí que sea una erogación adicional al Gobierno del Estado, sino al contrario”, indica.

Una deuda de 327 millones de pesos y la inteligencia en manos de Seguritech

El compromiso escrito de pagar no quiere decir que tenga que suceder. Esa fue la lógica del Gobierno de Mario López Valdez, que firmó dos de los contratos con la empresa Comunicación Segura, del grupo Seguritech, pero no los liquidó.

Sólo en el último año de prestación de servicio, en 2016, la administración de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos, que corresponden al último pago de renta por el complejo de seguridad, las videocámaras, los vehículos blindados, los camiones de vigilancia y los dos helicópteros.

De acuerdo con Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, ese pasivo se encuentra suspendido por una negociación vigente con la empresa, la cual exige que se haga el finiquito sin reducir el monto.

“De parte de Gobierno del Estado quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2016 los 327 millones de pesos, es lo que quedaron pendientes y derivado de la evaluación que ha hecho la SSP está en negociaciones para que se reciban en satisfacción estos bienes y en su caso si considera que algo no se cumplió hacer el finiquito correspondiente”, indica.

El contrato con Seguritech establece que la empresa es la dueña de todo el equipo y con ello toda la información que se generó con él.

Noroeste solicitó las bitácoras de vuelo de los dos helicópteros que se arrendaron con Seguritech, pero estos fueron negados.

La razón fue que no se tiene tal información.

Una de las cláusulas de los contratos indica que todas las bitácoras de vuelo de los helicópteros y los vehículos blindados son propiedad de Seguritech y que estas se entregarán cuando se liquiden las deudas.

Pero no sólo se perderían las bitácoras de los vehículos, también la información de inteligencia que se generó con el equipo de videovigilancia.

La empresa indicó en los contratos que toda la información que se recabara estaría a su disposición sin que Gobierno del Estado pusiera objeción.

Además, incluyeron una cláusula en la que establece que ellos podían tener copia de la información que se generó, la cual será devuelta hasta que se liquide el contrato.

Esa información es la misma que la Secretaría de Seguridad Pública asegura que no encuentra en sus bases de datos.

La Secretaría de Administración y Finanzas señala que la decisión de seguir o no será de la Secretaría de Seguridad Pública, que a un año de recibir la administración no ha decidido qué sucederá con el equipo y el complejo de seguridad.

Comentarios